El próximo 1 de diciembre termina el plazo para que las compañías de más de 50 empleados cuenten con un software de canal de denuncias. Si no se implementa tras esta fecha, así como infracciones que impliquen la vulneración de garantías de confidencialidad y anonimato, podrá acarrear sanciones que podrían alcanzar hasta el millón de euros.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, es la reguladora de la protección de las personas que se encarguen de informar acerca de infracciones normativas y lucha contra la corrupción. Esta Ley, también afecta a los canales de denuncia que estén en funcionamiento a día de hoy en las compañías, sin importar cuál sea el número de empleados que tenga su plantilla.
¿Qué implica el canal de denuncias?
Entre diferentes aspectos, hay ciertos de ellos que captan la atención. En primer lugar, se debe garantizar que el canal de denuncias no implique represalias de ningún tipo hacia las personas que informen. Por tanto, la confidencialidad en el procedimiento y la posibilidad de que se presenten denuncias anónimas deberá estar garantizada.
Un tercero externo será la persona encargada de que pueda gestionar el canal de denuncias, según la Ley. Esta persona, deberá garantizar no solo la confidencialidad comentada anteriormente, sino también la independencia de la gestión del propio canal de denuncias.
¿Cuáles son los plazos?
En este caso, el procedimiento de la gestión de las denuncias tiene unos plazos mínimos tanto para la admisión a trámite de las mismas, así como su resolución. De esta forma, se consigue evitar que se alarguen sin sentido las investigaciones a realizar. Se deberá recoger en una normativa específica e interna donde se regule la gestión del propio canal, así como la adopción de decisiones y el tratamiento de los datos personales.
¿Cuáles son las sanciones e infracciones relacionadas con el canal de denuncias?
El hecho de incumplir en la obligación de implantar un canal de denuncias o infracciones que supongan vulneración de las garantías de confidencialidad, así como de anonimato, tiene consecuencias. En estos casos, puede incurrir en sanciones de hasta un millón de euros, por lo que es fundamental la revisión de los procedimientos de gestión de las denuncias para verificar los controles y las garantías que se establecen.
Como indicamos en el artículo, el plazo para implementar el canal de denuncias, finaliza el próximo 1 de diciembre de 2023 para las empresas y entidades obligadas. Es crucial contar con el asesoramiento, implementación y gestión del canal de denuncias para contar con la tranquilidad de que se está cumpliendo con la normativa vigente.
